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Locales

Inauguran el acueducto y Rafaela deja atrás 30 años de demandas y reclamos

Con la entrada en servicio del acueducto Desvío Arijón-Rafaela, se soluciona un déficit crónico. Toda la historia: desde la prohibición de los bombeadores a la puesta en escena de una obra que no existía.
Agrandar imagen El último caño del acueducto se tendió para cruzar la autovía 19, en Angélica. Fue en octubre del año pasado.
El último caño del acueducto se tendió para cruzar la autovía 19, en Angélica. Fue en octubre del año pasado.
Miguel González

Por Miguel González

El próximo viernes, a las 9, frente a la planta de Aguas Santafesinas, el gobierno provincial dejará habilitado formalmente el acueducto Desvío Arijón-Rafaela. Será un acto más que trascendente para la ciudad, porque la entrada en servicio del nuevo acueducto pone fin a una historia de reclamos y demandas que tiene 30 años de historia. Vueltas de esa historia: la inauguración del acueducto correrá por cuenta del gobernador Omar Perotti, quien a lo largo de sus tres gestiones como intendente de Rafaela tuvo, en distintos momentos, que hacerse cargo de representar a la ciudad en esos reclamos.

Técnicamente, el acueducto recorre 120 kilómetros desde la toma de agua ubicada en el río Coronda, en la localidad de Desvío Arijón, donde también está la planta potabilizadora en la cual se hace el tratamiento correspondiente al agua de río. A través de cañerías con un metro de diámetro, la corriente de agua llega a Rafaela remontando una cuesta de unos 90 metros, que es la diferencia que hay en la altura sobre el nivel del mar desde la toma de agua hasta la planta de ASSA en Rafaela. Para eso se ejecutaron en distintos puntos del acueducto estaciones de bombeo, así como cisternas y redes de acceso a localidades de puntos intermedios, entre ellas San Mariano, Angélica y Susana, que también serán provistas por el acueducto, así como Matilde y San Carlos. Rafaela, además, tiene ahora otra cisterna, que duplica la capacidad de almacenamiento de agua para reserva ante eventuales salidas de servicio del bombeo.

La obra fue licitada durante el gobierno de Miguel Lifschitz, que también consiguió un financiamiento de fondos internacionales. Se dividió en cinco tramos, los cuales fueron adjudicados a tres grupos empresarios distintos. Luego de muchos tropiezos iniciales, la administración Perotti logró darle el impulso definitivo al proyecto, incluyendo la adición de una importante obra complementaria: un acueducto secundario, que se desprende de la cañería principal a la altura de Susana, y que bordea el casco urbano de Rafaela siguiendo la traza de las calles Santos Dumont, Piovano, Camino 6 y avenida D’Agostino. Ese acueducto complementario refuerza el abastecimiento de los barrios del Oeste –sobre todo Martín Fierro y Güemes-, así como también los de la zona Norte, incluyendo San José, Mora e Italia.

A lo largo de 120 kms., el tendido de cañerías debió superar varios obstáculos naturales, como arroyos y cursos de agua.
A lo largo de 120 kms., el tendido de cañerías debió superar varios obstáculos naturales, como arroyos y cursos de agua.
30 años de ruegos y polémicas

A fines de los años ’80, la entonces Dirección Provincial de Obras Sanitarias (DIPOS) ordenó a los frentistas rafaelinos que se conectaran a las redes de agua potable (que en esos años comenzaban a extenderse a partir de la construcción del acueducto Esperanza-Rafaela) eliminar los clásicos “bombeadores” que permitían tomar agua del subsuelo para uso doméstico. Con los criterios de la época, se entendía que si los vecinos conservaban sus bombeadores no se iban a conectar al “agua corriente”, como se llamaba al agua que llegaba por redes a las viviendas.

Fue un error gravísimo, según se comprobó con el tiempo. Primero, porque se eliminó la posibilidad de utilizar el agua de pozo para el consumo no humano. Y segundo, porque al no extenderse las redes de cloacas con el mismo ritmo que las de agua potable, toda el agua que llegaba desde Esperanza se volcaba al subsuelo rafaelino, generando una saturación de las napas que derivó en una emergencia sanitaria en muchos barrios donde los pozos ciegos colapsaban con frecuencia. Se hizo imposible construir en la ciudad sótanos o subsuelos e incluso edificios emblemáticos, como la Catedral San Rafael, debieron ser reforzados en sus cimientos, debido a la afectación que sufrían por el ascenso de las napas.

El problema se agravó con el paso de los años y se transformó en un círculo vicioso. Al no existir los bombeadores, los vecinos utilizaban el agua potable parar regar los patios, lavar autos, llenar piletas y lavar ropa o instalaciones domésticas. El consumo de agua potable se disparó y el acueducto Esperanza-Rafaela, con una capacidad de bombeo inicial de unos 1.250 metros cúbicos por hora, comenzó a ser del todo insuficiente. Peor aún: al ser la única fuente de abastecimiento, el sistema íntegro exhibió una vulnerabilidad preocupante. Tormentas fuertes que producían cortes de energía eléctrica en las estaciones de bombeo dejaban sin abastecimiento a la ciudad, que dependía de una reserva que proporcionalmente resultó cada año más escasa, en una única cisterna con capacidad para diez millones de litros, un tercio de lo que consume la ciudad en un solo día promedio.

Cualquier interrupción en el bombeo desde Esperanza obligaba a la empresa prestataria del servicio –a la ex DIPOS la reemplazó Aguas Provinciales, un experimento de privatización que orquestó el exgobernador Carlos Reutemann durante su primer gobierno y que resultó nefasto para Rafaela y la provincia, dejando en manos de una multinacional francesa la prestación del servicio, apenas corregido por la reestatización y la creación de la actual ASSA durante la segunda gestión de Jorge Obeid- a cerrar el grifo de salida hacia la red domiciliaria de Rafaela, con bajas automáticas de presión.

El juicio al ENRESS

Ya desde los años ’90 la deficiencia en el volumen de agua entregado a Rafaela y los niveles de consumo hacía que en el verano se padecieran situaciones extremas. A fines de la década, el entonces presidente del Concejo Municipal, Aldo Camusso, interpuso una demanda civil contra el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) por el no cumplimiento de la obligación de que la empresa asegurara una presión de 7 metros de columna de agua a todos los domicilios del área servida. La demanda no prosperó. Peor: los concejales que la presentaron, de todos los partidos políticos, tuvieron que pagar de su bolsillo las costas del juicio. Camusso y otros concejales pertenecían al peronismo, el mismo partido que gobernaba la provincia. Eso demostraba que el tema de la provisión de agua excedía los partidismos y era una cuestión de Estado.

Los seis meses que fueron 8 años

En la finalización de su segundo mandato, Obeid prometió la construcción de un acueducto que vendría a terminar con todos esos problemas crónicos. Era la última parte del 2007. El justicialismo perdió las elecciones de ese año luego de 24 años de hegemonía en la provincia e irrumpió el socialismo. La primera decisión del nuevo gobernador Hermes Binner fue cancelar los proyectos de nuevos acueductos que había anunciado –incluso con licitaciones abiertas y proyectos técnicos definidos- el gobernador saliente. Conociendo la intensidad de la demanda de los rafaelinos, Binner –que había nacido en la ciudad y había emigrado para sus estudios terciarios en Rosario, radicándose definitivamente en esa ciudad, a la que adoptó como propia y de la cual fue intendente y referente político insoslayable- dijo que los proyectos de Obeid estaban “suspendidos” para su revisión y prometió nuevos proyectos dándose un plazo de seis meses.

Fueron 8 años y dos mandatos socialistas, el del propio Binner y el de Antonio Bonfatti, los que pasaron sin que hubiera un nuevo proyecto para traer agua de río a Rafaela. En esos 8 años el problema se agravó: crecía la población y el agua era siempre un gran problema. Se incrementó al máximo posible la capacidad de transporte del acueducto Esperanza-Rafaela. Se construyeron plantas de ósmosis inversa para procesar –con alto costo- agua de una docena de pozos ubicados en las afueras de Rafaela, ricos en arsénico y sales minerales nocivas que obligaban a utilizar el proceso de ósmosis para su tratamiento. Se comenzó a demandar a los desarrolladores urbanos la realización de inversiones en módulos de ósmosis inversa a cambio de la factibilidad de extender redes a los nuevos loteos.

Todo el desarrollo urbano de Rafaela quedó condicionado por la faltante de agua. A nivel local se instrumentó la obligación de la instalación de dobles cañerías en las nuevas construcciones, algo nunca controlado efectivamente. El círculo se cerró: ahora, el mismo Estado que antes prohibía los bombeadores ahora exigía su instalación a los nuevos constructores. Hubo incluso algunos episodios tragicómicos: el ministro de Aguas de los gobiernos de Binner y Bonfatti, Antonio Ciancio, montó una patética puesta en escena en la previa de las elecciones de 2015 llevando a concejales y periodistas rafaelinos a Desvío Arijón para mostrar “el comienzo del tendido de cañería del acueducto”. Una semana después, una investigación periodística reveló que en el lugar donde Ciancio hizo su presentación no se podía cavar porque había un gasoducto –las señales de “prohibido excavar” habían sido tapadas por los escenógrafos del Ministerio, según se vio en las imágenes que el mismo gobierno difundió- y el proyecto técnico del acueducto no estaba diseñado aún. Ergo: el montaje había pretendido mostrar el inicio de una obra ficticia, que no tenía proyecto técnico, no estaba licitada y mucho menos podía comenzarse.

Mayo de 2015, el día de la increíble puesta en escena del ministro Ciancio, con un montaje ficticio de cañerías para anunciar el comienzo de una obra que no existía.
Mayo de 2015, el día de la increíble puesta en escena del ministro Ciancio, con un montaje ficticio de cañerías para anunciar el comienzo de una obra que no existía.

Fue otro socialista, Miguel Lifschitz, el que puso seriedad al proyecto. Se diseñó el acueducto, se llamó a licitación, se consiguió el financiamiento internacional, se gestionaron las garantías del Estado nacional necesarias para esa ingeniería financiera. Y ASSA, por fin, instaló medidores en el 90% de los hogares servidos en la ciudad. Con eso, fomentó el control del consumo en los domicilios y pudo tener un mapeo de sus propias pérdidas en la red. Con ese control del consumo y el sistema de plantas de ósmosis –una en el Sur, otra en el Norte, en el barrio Mora- pudo hacer un “puente” que morigerara el déficit mientras empezaba a construirse el acueducto nuevo.

Todo eso no impidió que en cada verano –y sobre todo en el último, con 9 olas de calor sucesivas y una sequía histórica, dato no menor teniendo en cuenta que cuando llueve el consumo domiciliario de agua potable se reduce a menos de la mitad del promedio habitual-se produjeran caídas de presión y hubiera barrios en donde apenas si salía una gota de agua. Proliferaron las bombas centrífugas y otros mecanismos de “me c…. en el interés común”, siempre con una luz al final del túnel: el prometido acueducto.

Ahora, el prometido acueducto es una realidad. Lo van a inaugurar el viernes, a las 9. La historia, esta vez sí, da una vuelta de página importante.

 

Gobierno de Santa Fe Acueducto Desvìo Arijón-Rafaela

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