Por Julio Armando
El miércoles 20 de marzo pasado, una tormenta con fuertes vientos azotó Rafaela durante la noche dejando daños materiales a vecinos en diferentes sectores de la ciudad, siendo una de las situaciones más comunes el desprendimiento de gajos y ramas de árboles que cayeron sobre vehículos que estaban estacionados en la vía pública. Hubo algunas presentaciones de damnificados para que el Municipio se haga cargo de los costos generados por la rotura de los vehículos, conociéndose en los últimos días por lo menos dos casos en que el Estado local decidió no darle lugar a los pedidos.
El fundamento conocido para ambos casos - explicitados en decretos - es que, si bien el Municipio reconoce que los daños fueron causados por el temporal, los árboles se encontraban podados en tiempo y forma tanto por la Dirección de Espacios Verdes como por la Empresa Provincial de la Energía, no habiendo ramas secas o bajas que hayan estado generando situaciones de riesgo. Agregando que al presentarse ese día vientos mayores a 60 kilómetros por hora, cualquier árbol "en buenas condiciones sanitarias, hubiese presentado desprendimiento de gajos y ramas por la propia agresividad del temporal", no teniendo responsabilidad el Municipio sobre esa situación. Por lo que al ser un caso "fortuito" -según el artículo 1730 del Código Civil y Comercial-, se trata de un hecho que "no ha podido ser previsto o si hubiese sido previsto no podía ser evitado". Por lo tanto el Estado local se encuentra eximido de cualquier responsabilidad por los daños surgidos.
Los reclamos por daños durante la tormenta que fueron rechazados
Uno de los reclamos presentados que no fue reconocido por el Municipio pertenece a un vecino que circulaba con su Peugeot 206 el día de la tormenta de viento por calle Güemes al 300, cuando se le cayó una rama encima, situación que terminó dañándole capot, techo, guardabarros, parabrisas del vehículo y rayándole las puertas del mismo.
Otro de los reclamos presentados es de un vecino que tenía un Fiat Cronos estacionado en Nicanor Álvarez y Mainardi ese mismo 20 de marzo. El vehículo terminó dañado en el techo, luneta, guardabarros trasero, baúl, capot, puerta trasera y paragolpes luego de que le cayeran gajos de un árbol. Por estos daños el damnificado pedía que le reconocieran un poco más de dos millones de pesos.
Ahora los dos daminificados mencionados deberán decidir si dejan firme la resolución municipal y aceptan la negativa brindada, o si deciden emprender la vía judicial para seguir reclamando la reparación de los daños por parte del Estado local.
Los casos en que sí se reconocieron los daños
En la misma semana se conocieron otros reclamos en los cuales sí el Municipio aceptó su responsabilidad por los daños causados a vehículos en la vía pública, pero en hechos que no tuvieron que ver con la tormenta. Se trató por un lado de la rotura de un Ford Ka que cayó a un pozo tapado con agua y sin señalizar que había en Luis Maggi y Perú en febrero pasado, hecho por el cual la Municipalidad tuvo que abonar 460 mil pesos a la propietaria del auto.
El otro reclamo aceptado fue por la caída de un árbol en San Martín al 500, también en febrero, sobre un Ford Ka, debiendo pagar por esto el Municipio 600 mil pesos. Mientras que el tercer reclamo al que se le dio curso fue presentado por un vecino al que en febrero se le cayó un árbol sobre su camioneta S10 en Ituzaingó y Bv. Roca, debiendo abonar 6 millones de pesos el Estado local por los daños ocasionados.
A diferencia de lo que pasó con la tormenta, en estos casos mencionados el Municipio sí reconoció que era su responsabilidad tanto el mantenimiento del asfalto donde estaba el pozo y su correspondiente señalización, como el mantenimiento de los árboles que se cayeron, y de ahí el reconocimiento de los gastos a los reclamantes.
Finalmente, según se desprende de los correspondientes decretos, cabe aclarar que si bien el Municipio tiene contratada una empresa de seguros - que venía de la gestión anterior - esa firma se encuentra inhabilitada, motivo por el cual el Estado local tuvo que hacerse cargo de abonar todos los montos reclamados con fondos propios.
