En diciembre de 2020, el Congreso Nacional aprobó modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, limitando el uso privado y comercial de tierras incendiadas, prohibiendo específicamente el desarrollo de emprendimientos o actividades diferentes al uso que esos campos tenían al momento del incendio y la venta de dichos inmuebles, en plazos que oscilan entre los 30 y los 60 años.

Según recuerda ahora la Confederaciòn de Asociaciones Ruralistas de Santa Fe (CARSFE), "esta modificación nunca presentó respaldo técnico, ni desde el más mínimo sentido común, y fue edificada desde un desconocimiento total de la problemática rural, con absoluta arbitrariedad y con profundas fisuras jurídicas".

En ese sentido, recordó que "la Ley de Manejo de Fuego data del año 2012, pero los cambios introducidos no separan, entre otros aspectos, un incendio intencional de uno accidental, transformando la norma en un sinsentido. De este modo, la ley actual considera de antemano que existe una presunción de intencionalidad, condenando a quien sufrió un accidente en su campo, sin tener derecho mínimo a la defensa".

Cabe mencionar que este tipo de normativas se sancionaron con aprobación del Congreso y la consecuente discusión legislativa, impulsados en gran medida por los enormes incendios que se registraban -y que suelen reiterarse en épocas secas como la presente- en las zonas de islas del Paraná, y que afectaron a cientos de miles de pobladores, sobre todo en el sur de Santa Fe.

Por eso CARSFE dice que "sin duda alguna, la coyuntura política del momento de la sanción de estas modificaciones dejó al desnudo la incapacidad del Estado para controlar el fuego y de buscar elementos lógicos y aplicables en un tema que merece atención y acción por parte de las autoridades de turno", enfatizó la institución.

"En este escenario, y a partir de algunas voluntades legislativas que irían tras la derogación de la Ley, como así también la promesa realizada en el mismo sentido por el presidente Milei en diciembre de 2023, resulta necesario al menos rever los artículos que conspiran contra la producción y que aplican castigos en lugar de soluciones, ya que las modificaciones introducidas conllevan en su seno injusticia, arbitrariedad, desconocimiento, y no consigue, de modo alguno, ir tras una solución al problema de origen", señalò la institución.